Un retroceso inevitable en una gestión que no encuentra rumbo
El intendente Román Bouvier anunció que retira del proyecto fiscal e impositivo la controvertida tasa al combustible, una medida que pretendía encarecer cada litro de nafta y gasoil consumido en el distrito.
El anuncio llega apenas días después de la furiosa reacción de vecinos, comerciantes, trabajadores y productores rurales, que denunciaron que el nuevo impuesto era simplemente otro intento desesperado por recaudar, sin que existiera una mínima mejora en los servicios municipales.
La recaudación crece, pero la ciudad se cae a pedazos:, servicios colapsados y una deuda municipal que no deja de aumentar.
Un “impuestazo” que perjudicaba a todos
La tasa al combustible hubiera impactado directamente tanto en quienes cargan para trabajar como en quienes dependen de una moto para moverse: repartidores, empleados, familias de bajos ingresos.
El rechazo fue inmediato y transversal: desde los productores hasta el vecino más humilde.
El gobierno retrocedió no por convicción, sino porque la medida se volvió políticamente insostenible. Las redes explotaron con críticas, advertencias y señalamientos sobre el abuso impositivo de la gestión.
El comunicado municipal: un intento de justificar lo injustificable
En su mensaje oficial, Bouvier intentó mostrarse comprensivo y aseguró haber escuchado “la preocupación de las familias”.
Pero el trasfondo es evidente: la tasa hubiera sido un golpe al bolsillo, en un municipio donde los aumentos ya superan cualquier parámetro razonable y donde las obras brillan por su ausencia.
El intendente argumentó que la medida buscaba “fortalecer el financiamiento del Hospital Unzué”.
Sin embargo, la falta de rendición clara de gastos, la deuda creciente y el deterioro de los servicios desmienten cualquier intento de justificar el impuesto.
Un municipio endeudado que siempre apunta a los contribuyentes
En lugar de ordenar las cuentas, reducir gastos innecesarios o transparentar contrataciones, el gobierno local insiste en recurrir al mismo camino: cargar sobre los vecinos la responsabilidad de financiar un Estado municipal que no rinde cuentas ni mejora su funcionamiento.
El retroceso con la tasa al combustible no soluciona nada: evidencia improvisación, desorganización y un deterioro administrativo cada vez más profundo.
Mientras tanto, Rojas sigue padeciendo calles de barrios destruidas, tránsito desordenado, alumbrado público cobrado dos y hasta tres veces (claro, argumentan "un error", pero si pasaba, pasaba), proveedores impagos y un sistema de salud sostenido con precariedad.
La voz de los vecinos: bronca, hartazgo y un límite claro
Durante los últimos días, los reclamos se multiplicaron. Algunos de los planteos más repetidos, reformulados periodísticamente:
• “No pueden seguir exprimiendo al vecino cuando la ciudad está peor que nunca.”
• “Pagamos cada vez más y recibimos cada vez menos. ¿Dónde está la plata?”
• “Si la gestión no puede administrar, que lo admita. Pero que no sigan castigando a quienes sí cumplimos.”
• “Este impuesto nos iba a pegar a todos: a los trabajadores, a las motos, a los pequeños productores. Un disparate.”
El mensaje fue claro y contundente: la sociedad marcó un límite que el intendente no pudo ignorar.
Un síntoma más del derrumbe administrativo
La ida y vuelta del impuesto dejó al descubierto un patrón que ya se volvió marca registrada:
anuncios improvisados, medidas mal diseñadas, retrocesos forzados y un deterioro acelerado de la ciudad.
Rojas necesita planificación real, transparencia, austeridad y gestión.
Lo que recibe, en cambio, es parches, improvisación y una administración que vive de recaudar sin devolver nada a cambio.
Conclusión: un freno social que expone una gestión agotada
El intendente retrocedió —o como dicen los vecinos, “arrugó”— pero el problema de fondo sigue intacto:
Rojas necesita gestión, no más impuestos.