Mientras se proyecta un nuevo impuesto al combustible, proveedores del municipio denuncian meses sin cobrar y una administración que, según advierten, “no sabe de dónde sacar plata ni para qué”. La crisis financiera se agrava y la desconfianza social escala.
Una gestión en caída libre y proveedores al borde de la quiebra
La situación económica del Municipio de Rojas ingresó en una fase crítica que ya no puede ocultarse. Proveedores esenciales afirman estar completamente a la deriva, sin respuestas oficiales y sin certezas sobre si podrán recuperar lo invertido en bienes y servicios que ya entregaron a la gestión del intendente Román Bouvier.
Uno de los casos que encendió alarmas es el de un proveedor de carne que entregó mercadería —según señalan, destinada al hospital y a instituciones municipales— y que todavía espera el pago. La preocupación es clara: aun si el municipio decide abonar la factura, el monto ya no alcanza para cubrir el costo real de lo que compró hace meses, debido a la inflación acumulada.
“No sabemos si vamos a cobrar. Y si cobramos, perdemos igual”, expresan desde el sector. Esta sensación es compartida por otros proveedores que aseguran que la municipalidad los ha dejado afuera del radar.
Tasa al combustible: vecinos hablan de un nuevo golpe al bolsillo
En este contexto, el Ejecutivo local pretende avanzar con una medida que generó un fuerte rechazo social: una nueva tasa sobre cada litro de combustible, de cincuenta pesos, que comenzaría a aplicarse en febrero de 2026.
La propuesta, impulsada desde el equipo de gobierno de Bouvier, forma parte del proyecto de ordenanza fiscal e impositiva que analiza el Concejo Deliberante. Con las mayorías actuales, es casi un hecho que será aprobada.
Las estaciones de servicio se convertirán en agentes de recaudación, lo que implica que cada vecino que cargue combustible pagará un adicional directo y obligatorio. Para un tanque de 50 litros, el recargo será de $2.500.
La pregunta que flota en la comunidad es tan simple como inquietante:
¿A dónde va a parar esa plata?
Alumbrado público, tasas fuera de control y un municipio que no explica nada
No es la primera vez que la administración Bouvier impulsa incrementos o recargos que generan sospechas. Vecinos y comerciantes señalan que el municipio ya aplicó aumentos en el servicio de alumbrado público que consideran “injustificados” y “desproporcionados”.
El enojo se resume en una frase que circula en redes y grupos locales:
“Nos quieren estafar dos veces: con las tasas y con los servicios que no brindan”.
Un interrogante que crece: ¿para qué necesitan más dinero?
En un distrito donde:
los proveedores denuncian atrasos interminables,
los servicios están deteriorados,
el municipio no ejecuta obras de impacto,
y la gestión evita dar explicaciones claras,
la nueva tasa al combustible encendió todas las alarmas.
Vecinos hablan de “un agujero negro”, “un triángulo de las Bermudas municipal”, o como ironizan muchos:
“el bolsillo de las bermudas de algunos pocos”.
La desconfianza es total. Y la falta de comunicación oficial solo agranda el malestar.
La comunidad advierte: “No podemos permitir que nos sigan robando”
El clima social es cada vez más tenso. La gestión de Bouvier atraviesa su peor momento político: caída de credibilidad, proveedores que no quieren seguir trabajando para el municipio, desgaste institucional y un creciente rechazo ciudadano frente a medidas que sienten injustas y arbitrarias.
La frase que más se escucha en las calles y comercios es tajante:
“Como sociedad no podemos permitir que nos sigan robando”.
La administración Bouvier insiste en que necesita fondos para paliar la caída de la recaudación y el impacto de la recesión nacional. Pero para gran parte de los vecinos, la discusión ya no pasa por la falta de recursos, sino por un interrogante más profundo y urgente:
¿Quién controla en qué se gasta el dinero de todos?